Niñez migrante y refugiada en Perú aún enfrenta barreras que dificultan su regularización y acceso a derechos

• Se requieren cambios para eliminar barreras documentarias, informáticas, económicas y normativas
• Se debe promover que gobiernos regionales, locales e instituciones públicas garanticen el acceso a servicios para la población migrante y refugiada

A pesar de los avances logrados en Perú en los últimos años, la niñez migrante y refugiada en el país aún enfrenta distintas barreras que dificultan la regularización de su situación migratoria. Como consecuencia, esto genera que en muchos casos se limite el acceso y ejercicio de sus derechos básicos como la salud y educación; un problema que se debe solucionar de manera urgente y prioritaria.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM), en Perú habitan más de 1.8 millones de personas migrantes de distintas nacionalidades, de los cuales el 51% se encuentra en situación migratoria irregular. Además, del total de personas venezolanas en Perú, que suman más de 1.4 millones, el Instituto Nacional de Estadística (INEI) calcula que más del 28% tienen entre 0 y 14 años.

En este contexto, Save the Children organizó en julio el seminario “Desafíos para la regularización e integración de la niñez migrante y refugiada en el Perú”, un evento que permitió identificar algunas barreras a superar y buenas prácticas a implementar en beneficio de niños, niñas y adolescentes.

“Para lograr que la niñez acceda plenamente a sus derechos, debemos asegurar que los adultos tengan condiciones y mecanismos para tener una vida digna. Hay un esfuerzo sustantivo de entidades como Migraciones, pero también desafíos importantes para que los gobiernos regionales, locales e instituciones públicas garanticen el acceso a servicios para la población migrante y refugiada”, señaló Evelyn Buenaño, Directora de Incidencia Política y Comunicaciones de Save the Children.

Participaron del evento especialistas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Defensoría del Pueblo y la propia SNM, además de representantes de la sociedad civil, quienes coincidieron en que aún existen barreras documentarias, informáticas, económicas y normativas para la regularización. Por ejemplo, en algunos casos, los niños y niñas migrantes no cuentan con documentos que se constituyen en requisitos legales; no tienen acceso a las plataformas digitales para realizar los trámites o sus familias no cuentan con dinero para pagar las tasas o costos del proceso.

La representante de la SNM, Lourdes Ayala, reveló que por distintas razones gran parte de la población migrante no inicia o no continúa hasta el término con los trámites de regularización. Prueba de ello es más de 72,000 personas iniciaron el trámite para acceder a la amnistía de multas por encontrarse en situación migratoria irregular. Sin embargo, solo el 32% ha continuado con las gestiones posteriores.

Al respecto, Guilherme Otero, Coordinador del Programa de Gestión Migratoria de OIM, remarcó que la estrategia del Estado y de la sociedad civil debe apuntar a fortalecer a las instituciones responsables y descentralizar los servicios, pero también se debe lograr que las personas migrantes y refugiadas comprendan la importancia del proceso de regularización sus familias y sus comunidades.

Por su parte, Magaly Diaz, Comisionada de la Adjuntía de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, señaló que la regularización no debe involucrar solo a las autoridades migratorias, sino a todos los sectores del Estado. Esto debido a que no todos los sistemas públicos reconocen la validez de los documentos migratorios humanitarios, lo que impide el acceso a seguridad social, beneficios de tributación, servicios médicos, entre otros.

Desde Save the Children remarcamos que además de actuar para eliminar las barreras identificadas y optimizar las acciones en curso, como el proceso de amnistía de multas que vence en noviembre de 2023, los diversos actores, públicos y privados, deben redoblar los esfuerzos para asegurar todas las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias concluyan favorablemente con el proceso de regularización, garantizando su participación efectiva en la creación de bienestar y desarrollo en el país.

DATO
Durante el seminario también se presentaron los resultados de la fase 4 del proyecto “Familia Sin Fronteras”, financiado por BHA/USAID, que logró atender a 9,167 niños y niñas en seguridad alimentaria. Además, 20,542 personas migrantes en tránsito y estadía recibieron asistencia monetaria.

VOCES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Creemos que el cambio viene de las bases y las bases son los niños. La región (América Latina) debe entender, y debió entender hace tiempo, que los venezolanos huimos de una crisis humanitaria. Estamos agradecidos con lo que ha hecho Perú, pero siento que los permisos temporales no son documentos que nos permitan acceder a derechos. La migración masiva genera cambios y debemos aprovechar eso positivamente. Es el momento de trabajar en esas oportunidades y aprovecharlas.

Martha Fernández, directora de la Asociación Protección Población Vulnerable (APPV).

Los programas de regularización no deben quedar en la parte legal, sino que tienen que complementarse con la integración. Allí debe trabajarse en convivencia escolar, discriminación, prejuicios, opinión pública. Hay un problema muy serio con la opinión pública, que suele ser contraria a la población migrante. Necesitamos dar a conocer los datos de los impactos positivos de la migración, no solo en la economía, sino fomentar la integración en temas sociales y culturales que nos llevarán a un mejor desarrollo para todos.

Soledad Castillo, Investigadora de la Cátedra IDRC de Migraciones y Desplazamientos Forzados de la Universidad del Pacífico.

La migración no es un delito, la migración es buena. Todos queremos regularizarnos, venimos buscando nuevas oportunidades, acceder a trabajo y otros derechos. Estas barreras son limitantes que nos desaniman, que nos hacen sentir acorralados. Con los niños, después los 5 años no podrán ser beneficiarios del sistema de salud. Se nos dice que si están estudiando pueden acceder al seguro integral pero cuando quieren matricularse no encuentran vacantes. Debemos seguir impulsando los procesos en lugares donde no llega esta información.

Alberth Vásquez, representante de la Clínica Jurídica de Encuentros SJS