Niñas, niños y adolescentes: principales víctimas de la violencia sexual y de la corrupción en el sistema de justicia
Rechazamos y exigimos solución efectiva frente a los casos de corrupción que se han hecho públicos, en donde se evidencia que algunos magistrados no cumplen con su deber de brindar protección a las víctimas en los sistemas judiciales. Entre ellos, el caso del presunto tráfico de influencias de parte del juez César Hinostroza para favorecer a un acusado del delito de violación sexual contra una niña de 11 años. Este caso es una muestra más de cómo la corrupción atenta de la manera más cruda contra el derecho a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres. Esta situación no es nueva, ya en 2011 Save the Children y otras organizaciones[1], denunciamos que jueces corruptos negociaban con violadores sexuales de niñas en Huánuco.
El Perú, sus ciudadanas y ciudadanos no podemos estar en manos de un sistema que no reacciona para proteger a las víctimas y que acepta decisiones aberrantes. Por ejemplo, la absolución a Elsa Cjuno, acusada de explotar laboral y sexualmente a una adolescente de 14 años en Madre de Dios, argumentando que las horas que hizo trabajar a la niña y hacer que trabaje como dama de compañía mientras bebía con los clientes no podía considerarse como explotación laboral ni sexual porque no hubo agotamiento de la adolescente (Sala Penal Permanente, 2016)[2].
Casos como los mencionados demuestran que estamos ante una crisis del sistema de justicia y del sistema de protección a la niñez. Esto afecta gravemente y re victimiza a niñas y adolescentes. Enfrentamos una situación de emergencia y se requieren soluciones en la misma dimensión.
En este lamentable contexto:
- Exigimos que en todo proceso e intervención judicial en el que esté involucrado un niño, niña o adolescentes, se dé privilegio a su condición de persona y el respeto a su dignidad humana.
- En atención al principio del interés superior del niño y la niña, demandamos la creación de juzgados y fiscalías especializadas para la atención de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Las/os profesionales que atienden estos casos necesitan habilidades y formación especial para trabajar con menores de edad y evitar su re victimización.
- El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que el Sistema de protección y el Sistema de Justicia funcione y sea efectivo en prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes (el 30% de la población); y cuando esta ya se haya perpetrado, en asegurar la imparcialidad, diligencia y debido proceso.
- Como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, recomendamos que el Estado y sus funcionarios firmen una Política de Protección a la Niñez[3] y un Código de Conducta[4] que garantice el compromiso, la vigilancia y el control en todos los servicios que tengan relación con la infancia y adolescencia[5].
- Demandamos que las evaluaciones para el nombramiento de jueces y fiscales sean más exhaustivas, de tal forma que garanticen la idoneidad de los funcionarios públicos para la garantía de justicia.
La violencia nunca se negocia, se sanciona. No podemos seguir como espectadores ante situaciones escalofriantes: (1) En los últimos ocho años, se han reportado más de 150,000 casos de violencia sexual, de los cuales 76% de las víctimas fueron niñas y adolescentes (Ministerio Público); (2) En el Perú, 5 niñas de 14 años o menos dan a luz cada día (Reporte Anual SIS); (3) El 34.6% de las adolescentes entre 12 y 17 años han sido víctimas de violencia sexual (ENARES).
Lima, 10 de julio de 2018
[1] Paz y Esperanza, Iprodes, Promsex, IJM, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CHS Alternativo, IFEJANT, Asociación Devolviendo la Sonrisa a Tamar, Red Prodem, entre otras.
[2] https://es.scribd.com/document/323440458/Sentencia-Caso-Trata-de-Personas-PERU
[3] http://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/01.-Pol%C3%ADtica-de-Protecci%C3%B3n-Infantil.pdf
[4] http://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/02.-Codigo-de-conducta.pdf