Coalición: Dos países de América del Sur sufrieron más de 20 ataques a la educación en los últimos cinco años

(Nueva York, 10 de mayo de 2018) – Los ataques deliberados e indiscriminados contra escuelas y universidades y sus alumnos y personal se han vuelto más comunes en los últimos cinco años, manifestó la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA) en un informe presentado hoy. El informe de 300 páginas, Ataques a la educación 2018, identifica más de 12.700 ataques ocurridos entre 2013 y 2017 que afectaron a más de 21.000 alumnos y educadores.

 El informe incluye perfiles de 28 países que sufrieron al menos 20 ataques a la educación en ese período, de los cuales dos pertenecen a América: Colombia y Venezuela. Fueron varias las tendencias que contribuyeron a los ataques a la educación en América Latina.

 En Colombia, persistieron algunos hechos de violencia pese a la firma, en 2016, de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Hay señalamientos de que grupos armados siguieron amenazando a docentes y de que continuaron los ataques esporádicos con explosivos y armas de fuego contra estudiantes de instituciones primarias, secundarias y universitarias. La ONU informó una reducción en la cantidad de ataques contra escuelas: 12 en 2014, 11 en 2015 y 6 en 2016.

 En Venezuela, donde el aumento de la represión propició la violencia, se manifestó un nuevo fenómeno de ataques a la educación, incluido el uso de la fuerza en el contexto de protestas de estudiantes universitarios.

 En los últimos cinco años, 41 países sufrieron al menos cinco ataques a la educación, incluido como mínimo uno en cada país que tuvo carácter deliberado o consecuencias letales. Esto supone un drástico incremento respecto de la edición 2014 del informe, cuando GCPEA documentó que 30 países sufrieron este nivel de ataques a la educación entre 2009-2013.

 “Enseñar y aprender es cada vez más peligroso, y a menudo están en riesgo las vidas de estudiantes, docentes y académicos”, explicó Diya Nijhowne, directora ejecutiva de GCPEA. “Aunque las escuelas y universidades deberían ser espacios seguros y de protección, sigue ocurriendo que fuerzas y grupos armados las conviertan en ámbitos de intimidación y violencia”.

 En 18 de los países relevados, incluidos Colombia y Venezuela, los ataques a la educación estuvieron dirigidos deliberadamente a alumnas o mujeres docentes. En un ejemplo de Venezuela, un policía habría acosado sexualmente a una alumna universitaria luego de ser detenida.

 Entre 2013 y 2017, se usaron escuelas y universidades como bases, cuarteles, centros de detención o para otros fines militares en 29 países, incluso en Colombia. Estos usos militares aumentan el riesgo de que las escuelas y universidades afectadas sean atacadas por fuerzas contrarias, que grupos armados recluten a niños y niñas o que se someta a violencia sexual a alumnos y docentes. Por ejemplo, una escuela en Arauca, Colombia, resultó dañada durante enfrentamientos ocurridos mientras un grupo armado ocupaba el establecimiento en 2013.

 En escuelas en 16 de los 28 países más gravemente afectados, también hubo grupos que reclutaron a niños soldados, incluso en Colombia, donde se informaron casos esporádicos en 2013 y 2015.

 Aunque GCPEA no hizo un seguimiento sistemático de la violencia delictiva y de bandas que afecta a la educación, el informe señala que las organizaciones de criminalidad transnacional han actuado contra alumnos, docentes y escuelas en el Triángulo Norte de América Central: El Salvador, Guatemala y Honduras. El informe muestra que las bandas se disputan el control de escuelas, extorsionan a docentes y reclutan a estudiantes para que participen en el tráfico de drogas.

En 52 países de distintas regiones del mundo hubo ataques contra la educación superior, incluidos todos los países analizados. Los ataques incluyeron, entre otros hechos, la represión violenta de protestas vinculadas con la educación, en las cuales se hirió a estudiantes o personal educativo, o la persecución debido al contenido del área de estudio de un alumno o académico. Por ejemplo, en Venezuela, más de 200 personas habrían resultado heridas durante hechos de violencia vinculados con protestas que tuvieron lugar en 2017 en campus universitarios o en las proximidades. En 20 de los países analizados se produjeron ataques a edificios de educación superior. En Colombia, hubo al menos cinco incidentes que afectaron a establecimientos de educación superior entre 2013 y 2017.

 Ante esta violencia, existe un consenso cada vez mayor de que debe protegerse a las escuelas y universidades como espacios seguros en contextos de guerra. Más de un tercio de los Estados Miembros de la ONU, 74 países, han adheridos a la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso político impulsado por Noruega y Argentina que se basa en el trabajo iniciado por GCPEA en 2013. Al adherir a la Declaración, los Estados se comprometen a tomar medidas concretas para proteger la educación, entre otras cosas, implementando las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados. La cantidad de Estados que adhieren a la Declaración se ha duplicado en menos de tres años. Ataques a la educación 2018 insta a todos los Estados a sumarse a la Declaración e implementarla como principal recomendación para proteger la educación en los conflictos armados.

 Trece miembros de la Organización de los Estados Americanos están entre los 74 países que han adoptado la Declaración. Además de Argentina, estos países son: Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Uruguay.

 Asimismo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, un compromiso global para alcanzar la educación de calidad universal y equitativa en 2030, incluye un indicador que mide el Número de ataques a estudiantes, personal e instituciones. La serie de documentos Ataques la educación ha sido seleccionada como fuente para medir los avances hacia el logro de este indicador.

 “Ataques a la educación 2018 pone de manifiesto el profundo sufrimiento humano infligido por estos ataques”, señaló Nijhowne. “Los países pueden empezar a mitigar inmediatamente estos perjuicios si adoptan e implementan la Declaración sobre Escuelas Seguras, y toman medidas que garanticen la educación segura para todos”.